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Boletín de noticias 20 de enero de 2012
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL SUSPENDE DESALOJO EN EL BARRIO BOSQUE DE MOLINOS
Emitió un auto en el que ordena que no continúe el desalojo hasta tanto no se pronuncie de fondo.
Unas 30 horas después de que la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe comenzara a desalojar a 160 familias del barrio Marruecos, en el sur de Bogotá, la Corte Constitucional decidió suspender el proceso. (Lea aquí la historia de Absalón, un desplazado de Apartadó que ahora es desalojado)
El desalojo comenzó a las 5:30 de la mañana del pasado miércoles, y en horas de la tarde de este jueves la sala sexta de revisión de ese alto tribunal -conformada por tres magistrados de esa corporación: Nilson Pinilla, Humberto Sierra y Jorge Pretelt- emitió la suspensión.
La decisión se tomó como medida cautelar, con el fin de proteger los derechos fundamentales, y en especial de los menores de edad o que estén en debilidad manifiesta, de las personas que habitan en el barrio Marruecos.
Fuentes del alto tribunal explicaron que se levantará la suspensión cuando la sala emita un fallo de fondo sobre una serie de tutelas que interpusieron los habitantes de dicho sector y en las que le pidieron a la Corte Constitucional que les protegiera el derecho a tener una vivienda digna.
Trascendió que son al menos 40 tutelas que han llegado a esa corporación y que denuncian que la medida tomada es ilegal.
EL TIEMPO estableció, además, que la alta corte le compulsó copias de la decisión al Distrito, la Personería y al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para que acompañen el proceso y asuman la responsabilidad de garantizar que se "protejan cabalmente los derechos fundamentales" de los habitantes de ese sector.
"Estamos levantando el acta para suspender, de acuerdo con la orden de la Corte Constitucional", dijo la alcaldesa Martha Bolívar, quien, sin embargo, explicó que "no puede haber retiro del dispositivo policial, porque la orden es apenas de suspender el desalojo y pueden presentarse problemas de orden público".
La funcionaria anunció que se instalará una mesa de trabajo con las personas desalojadas para prevenir posibles problemas, ya que "quienes fueron desalojados no tienen derecho a ingresar al predio". En el lugar quedan de pie menos de 30 estructuras, entre las que se cuentan 10 casas habitadas.
Disturbios dentro del barrio Bosques de Molinos en proceso de desalojo
La Policía hizo un cerco en la urbanización, taparon con madera las paredes de las ladrilleras para evitar que cualquier persona particular o de la prensa pudiera entrar al lugar. Además,
Las familias que se quedaron en la zona durmieron a la intemperie. Hay una polémica por la denuncia porque dicen que no tienen comunicación con el exterior, excepto por llamadas que han tenido con el Noctámbulo de Citytv. Precisamente, en una conversación, advirtieron que varios han sido golpeados por Esmad y que una mujer de 50 años recibió en la cabeza. Fue llevada en una ambulancia para ser atendida por un centro de la Secretaría de Salud.
La historia del desalojo
Por comprar lotes a un estafador, 160 familias fueron desalojadas. El predio donde estaban ubicadas estas familias era de propiedad privada. El Distrito investigará.
Caras de resignación, tristeza y llanto se vieron este miércoles en el barrio Marruecos, de la localidad Rafael Uribe Uribe, cuando, muy temprano, cerca de 500 policías llegaron a hacer cumplir una orden de desalojo a 160 familias que viven de manera ilegal en al menos 150 casas construidas en un predio de propiedad privada.
La orden de restitución del terreno, conocido como la hacienda Los Molinos, se originó como respuesta a una querella instaurada por la sociedad Ladrillera Molinos del Sur, por el delito de ocupación de hecho, ante la Alcaldía de la localidad.
"Yo pagué seis millones de pesos para comprar el lote y ahora resulta que no es mío", expresó con angustia Flor Ladino, una vendedora ambulante madre cabeza de hogar, quien obtuvo un préstamo en un banco para adquirir el lote. Ella solo cuenta con una promesa de venta, donde consta que Felix Bermúdez le vendió el terreno.
Como ella hay más de 50 personas que también compraron predios de cinco por 11 metros para hacer realidad el sueño de tener casa propia.
Ante la situación Martha Bolívar, alcaldesa de la localidad, expresó que es una orden que se debe cumplir, pues "se trata de un lote de 21 hectáreas que pertenece a la Sociedad ladrillera Molinos del sur, que fue comercializado de manera pirata a diferentes personas por delincuentes", y que además se encuentra en negociaciones de compra con el Distrito para ser usado como espacio público, "por lo que es necesario desocuparlo", precisó.
Los más afectados por la orden judicial fueron aquellas personas que ya tenían viviendas de dos y tres pisos construidas, como es el caso de José Amaya, de 43 años, que vive con sus cuatro hijos y su esposa desde hace dos años en el lugar.
"Me toca vender lo que pueda por chatarra y buscar donde vivir", cuenta.
también aclaró que no habrá ningún tipo de beneficio para las personas que fueron estafadas, pero que "se harán las debidas investigaciones para buscar a las personas que realizaron la estafa".
EL ESPECTADOR
DESALOJO EN EL BARRIO MARRUECOS YA DEJA 90 CASAS DEMOLIDAS
Faltan en promedio 50 predios por ser demolidos. La diligencia de desalojo se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional.
El drama que viven 160 familias en el barrio Marruecos, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, está lejos de terminar. Desde el 18 de enero, día en que comenzó el desalojo, han sido demolidas unas 90 viviendas y todavía faltan por ser derrumbadas más de 50 predios.
En estos momentos el desalojo se encuentra suspendido debido a la orden de la Corte Constitucional de suspender la diligencia como consecuencia de las más de 30 tutelas que han sido interpuestas po parte de las víctimas de urbanizados piratas.
La alcaldesa de Rafael Uribe Uribe, Martha Bolívar, dijo que las autoridades están investigando a Iván Olimpo Garzón, uno de los presuntos urbanizadores piratas responsable de vender lotes que no son de su propiedad. La funcionaria dijo que todavía no hay juicio jurídico en su contra porque no hay denuncias de los afectados.
A la tragedia del desalojo se suma un voraz incendio que se registró en la madrugada de este viernes que consumió ocho viviendas. Hasta el momento las autoridades desconocen las causas de la conflagración, sin embargo, vecinos aseguran que se trata de manos criminales que intentaban frenar el desalojo.
De las viviendas que ya fueron demolidas un 30% se encontraban habitadas. Según información suministrada por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, los habitantes del sector han acatado la orden de desalojo y han evacuado las viviendas sin mayor problema. No obstante, este jueves tres personas resultaron heridas, entre las cuales se encuentra un uniformado y una patrullera de la policía.
A esta hora, la alcaldesa de Rafael Uribe Uribe realiza un registro de las casas que faltan por demoler y está a la espera de que la Corte Constitucional autorice seguir con la diligencia para que se lleve a cabo la construcción de un parque metropolitano.
Según el fallo expedido este jueves por el alto tribunal, es obligación de un Estado brindarle y proteger el derecho a la vivienda digna a las personas como lo señala la Constitución Política de Colombia.
El próximo lunes 23 de enero peritos judiciales se trasladarán hasta ese lugar con el fin de estudiar la situación de estas personas.
“Se allegará información de lo que está sucediendo y de los hechos registrados en la presente semana. Así como material fotográfico, documentos, escritos y demás que sean conducentes para la dilucidación de lo demandado” por los habitantes del sector, precisó el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
Las compañías de luz, recolección de basuras, agua y alcantarillado deberán presentar en los próximos días un informe en el que se aclare las actividades que se han realizado en materia de instalación, recolección y cobro de los servicios.
NUEVA ADMINISTRADORA DE PENSIONES PÚBLICAS NACERÁ CON AVALANCHA DE TUTELAS
A partir del dos de abril Colpensiones manejará 980.000 pensiones ahora en manos del ISS.
Desde el próximo dos de abril, las pensiones y cotizantes que maneja el Instituto de Seguros Social (ISS) pasarán a ser administrados por Colpensiones que entra en operación.
El presidente de la entidad, Pedro Nel Ospina dijo que la nueva entidad va a manejar cerca de 980.000 pensiones a cargo del Estado y por lo menos unos dos millones de cotizantes.
Pero con el manejo de las pensiones y los cotizantes, que administra el ISS, le llega a la nueva entidad una avalancha de tutelas por la demora en los trámites para acceder a la jubilación y el recálculo de las pensiones.
Ospina indicó que actualmente debe atender unas 100.000 tutelas. Aclaró que esas solicitudes no son de plata sino que los usuarios reclaman mejores servicios.
Aclaró que con el traspaso de las pensiones y las cotizaciones a manos de Colpensiones no se va a presentar ningún trauma entre los usuarios, ni entre los jubilados.
Recordó que desde 2006, el ISS debe responder tutelas una 55.000 tutelas; un año después fueron 31.000, en 2008 las solicitudes sumaron las 34.000 y en 2009 llegaron a una cantidad de 76.000 tutelas. En 2010 las reclamaciones vía judicial alcanzaron la cantidad de 96.000 y en 2011 superaron las 100.000 tutelas.
Dijo que la nueva entidad espera avanzar en acortar el tiempo para dar respuesta a las solicitudes para acceder a la jubilación. Recordó que en junio de 2010 se demoraba 4,7 meses en responder las solicitudes, en 2011, se elevó a 5 meses y la proyección del nuevo presidente de Colpensiones es dar respuesta en 4 meses.
"MÁS LEYES NO REDUCEN LOS ABORTOS"
La tasa de aborto mundial se mantuvo entre 2003 y 2008, pero el número de legrados inseguros aumentó a 49%. Más de 40 millones de abortos fueron realizados en total en 2008.
“El avance logrado en los años noventa va ahora en retroceso. Promover e implementar políticas para reducir el número de abortos es ahora una prioridad para todos los países y para las agencias que trabajan en la salud mundial, como la OMS. Condenar, estigmatizar y criminalizar el aborto son estrategias crueles y fallidas”, aseguró Richard Horton, editor de la revista británica The Lancet, que publicó hoy un informe mundial sobre el aborto.
Horton se refiere a que entre 1995 y 2003 las tasas de aborto disminuyeron, pero desde allí hasta 2008 se estancaron. La tendencia no ha cambiado debido a la disminución del uso de anticonceptivos, sobre todo en África y América Latina; sin embargo, la conclusión central del estudio apunta a una dirección recurrente: la existencia de leyes contra el aborto no produce una disminución de esta práctica.
Mientras que en Europa la tasa de aborto es de 17 por cada 1.000 mujeres, esa cifra aumenta en América Latina: 28 por cada 1.000. A pesar de ello, la brecha más amplia se encuentra en el número total de abortos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que realizó el estudio junto al Instituto Guttmacher, estima que en países desarrollados —en donde buena parte de la legislación aprueba el aborto en todos los casos— ocurrieron seis millones de legrados; en los países en desarrollo —América Latina y África, que poseen leyes en contra del aborto sólo con algunas excepciones— el número de abortos es seis veces mayor. En Colombia, con base en cálculos del Instituto Guttmacher, hubo 400.412 abortos en 2008.
No es eso lo único que preocupa a los autores del estudio. Gilda Sedgh, parte de la investigación y miembro del Instituto Guttmacher, asegura que el asunto más grave es que estos abortos “se presenten en los países en desarrollo, en donde el procedimiento es con frecuencia clandestino e inseguro”. En América Latina, dice el estudio, el 95% de los legrados no son realizados en las condiciones adecuadas de higiene y cuidado. En Europa y Estados Unidos, entre tanto, el 99% de los procedimientos son considerados seguros y las tasas de aborto desde 1995 han disminuido a un ritmo mayor que en los países en desarrollo.
“En los países en desarrollo —afirmó Iqbal H. Shah, integrante de la OMS—, los riesgos son mayores para las mujeres más pobres, pues son ellas quienes tienen el menor acceso a los servicios de planificación familiar y la mayor probabilidad de sufrir las consecuencias negativas de un procedimiento inseguro”.
Uno de los casos excepcionales es Sudáfrica, en donde las leyes sobre el aborto son menos “opresivas” y la tasa de aborto es de 15 por cada 1.000 mujeres. No sucede así en la mayoría de los casos. El estudio señala que el 13% de las muertes maternas —casi todas en países en desarrollo— fueron a causa de un aborto inseguro.
La tasa de mortalidad por legrados mal hechos es 350 veces más alta que la producida en Estados Unidos por abortos legales. Por otro lado, el informe reporta ocho millones de mujeres que necesitan tratamiento posaborto para evitar complicaciones, como exceso de sangrado, y 3,5 millones no la reciben.
DISTRITO DEBE ACATAR INMEDIATAMENTE FALLO SOBRE SUSPENSIÓN DEL DESALOJO
La Corte Constitucional le ordenó al Secretario de Gobierno de Bogotá detener el desalojo que se adelanta desde el pasado lunes en el barrio Marruecos, ubicado en el sur oriente de Bogotá.
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, explicó que a las cinco de la tarde de este jueves se comunicó con el Secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolff para que aplique de manera inmediata el fallo emitido que suspende el desalojo del barrio Marruecos, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el suroriente de Bogotá.
Según el fallo expedido este jueves por el alto tribunal, es obligación de un Estado brindarle y proteger el derecho a la vivienda digna a las personas como lo señala la Constitución Política de Colombia, argumento bajo el cual se han presentado más de 30 tutelas por parte de los habitantes del sector que están siendo desalojados desde el pasado lunes por agentes de la Policía Metropolitana.
Igualmente aclaró que el próximo lunes 23 de enero, peritos judiciales se trasladaran hasta ese lugar con el fin de estudiar la situación de estas personas.
“Se allegará información de lo que está sucediendo y de los hechos registrados en la presente semana. Así como material fotográfico, documentos, escritos y demás que sean conducentes para la dilucidación de lo demandado” por los habitantes del sector, precisó el presidente de la Corporación.
Aclara que igualmente las compañías de luz, recolección de basuras, agua y alcantarillado deberán presentar en los próximos días un informe en el que se aclare las actividades que se han realizado en materia de instalación, recolección y cobro de los servicios.
Por último se insta a la alcaldía y organismos de la localidad de Rafael Uribe Uribe que informen sobre “el desarrollo de la diligencias solicitadas, las cuales deben contar con el acompañamiento de las situación por parte de la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
CORTE CONSTITUCIONAL SUSPENDIÓ DESALOJO EN HACIENDA LOS MOLINOS
El alto tribunal ordenó esta medida preventiva mientras se revisan las decenas de tutelas que han presentado los habitantes.
La Corte Constitucional ordenó como medida preventiva la suspensión del desalojo de las personas que habitan en la Hacienda los Molinos en el sur de Bogotá.
Esta decisión se toma debido al gran número de tutelas presentadas ante el alto tribunal por este hecho.
Por lo que es menester mientras se resuelven estas tutelas detener la orden de desalojo de estas personas, que inició el pasado lunes.
Con esta decisión, la Corte busca proteger el derecho a la vivienda digna de más de 200 personas que habitan en el lugar ubicado en localidad Rafael Uribe Uribe, sur oriente de Bogotá.
Hasta el momento, se han presentado 37 tutelas ante el alto tribunal, señalando que su desalojo es ilegal.
El pasado lunes la policía que llegó al sitio con maquinaria pesada alcanzó a derribar un amplio número de viviendas entre las que se encontraba la de una pareja de ancianos, que para sobrevivir necesitaban de un tanque de oxigeno.
La alcaldía de Bogotá reveló que ya adelanta una acción penal por el delito de estafa contra los presuntos responsables de la venta de esos lotes.
EL NUEVO SIGLO
SUSPENDEN EL DESALOJO EN HACIENDA MOLINOS DE BTÁ
Como medida preventiva, la Corte Constitucional ordenó la suspensión del desalojo de las personas que habitan en la Hacienda los Molinos en el sur de Bogotá.
La decisión se tomó debido al gran número de tutelas presentadas ante el alto tribunal por este hecho.
Mientras se resuelven estas tutelas, el desalojo de estas personas estará suspendido, el cual inició el pasado lunes.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA DETENER DESALOJO MASIVO AL SUR DE BOGOTÁ
El Alto Tribunal argumenta que existen una serie de tutelas que deben ser contestadas antes de que se continúe con el desalojo de 160 familias en el barrio en Bosques de Molinos.
Las tutelas interpuestas por habitantes del barrio Bosques de Molinos en el sur de Bogotá, hicieron que la Sala Sexta de la Corte Constitucional ordenada detener el desalojo hasta que no se estudie el tema y haya un pronunciamiento de fondo.
Otro de los argumentos es que se debe proteger los derechos de los niños que habitan en este lugar y que estos están por encima de cualquier acción judicial que se haya autorizado.
Los habitantes de ese sector, en que en su mayoría señalan que son desplazados por la violencia, dicen que decisión del Alto Tribunal fue tardía, porque ya fueron demolidas más de 100 viviendas.
Los lugareños, que se instalaron en el terreno conocido como la Hacienda Los Molinos y de propiedad de una ladrillera, argumentaron que el presunto propietario no ha querido mostrar la escritura de los terrenos.
La orden de desalojo la dio la alcaldesa de la localidad, Martha Bolívar. Ella argumenta que es una orden judicial. Además asegura que está previsto la compra de estos terrenos para la construcción de zonas de espacio público.
Desde el pasado miércoles la policía busca desalojar 160 familias que aparentemente compraron lotes a un urbanizador pirata en le barrio Bosques de Molinos en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Tras la orden de desalojo se han presentado disturbios entre los habitantes y los policías que han dejado varios heridos.
CARACOL RADIO
ALCALDÍA DEBERÁ GARANTIZAR DERECHOS A FAMILIAS DESALOJADAS EN EL SUR BOGOTÁ: CORTE CONSTITUCIONAL
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que la suspensión del desalojo de más de 160 familias en el barrio Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe es una medida provisional.
“Lo que la Corte ordenó fue la suspensión inmediata del desalojo. Las autoridades no pueden tumbar las casas que quedan en pie hasta tanto la Corte revise todo el proceso y tome una decisión sobre el derecho de propiedad de la Hacienda Los Molinos”, aseguró Henao.
De acuerdo con Henao, el proceso podría tomar entre tres y cuatro meses, y agregó que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe tiene que garantizarles a todas las familias sus derechos fundamentales.
“El secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, me manifestó que se buscarán soluciones para las 90 familias que en medio de este procedimiento perdieron sus casas”, indicó.
En caso de que la Corte Constitucional decida que el desalojo fue irregular, el Distrito tendría que volver a construir las 90 viviendas que fueron derrumbadas o reubicar a estas familias.
Henao agregó que sólo hasta mediados de noviembre llegaron a la Corte Constitucional las acciones de tutela sobre la titularidad de las 160 casas de la antigua Hacienda Los Molinos.
“A la Corte Constitucional llega más de 40 mil tutelas al mes. El proceso llegó muy avanzado y sólo hasta la semana pasada los funcionarios ingresaron luego de las vacaciones judiciales. Estamos solicitando las pruebas para tomar una determinación”, afirmó Henao.
Henao explicó que estudiantes de cuarto o quinto año de derecho se encargan de fichar cada una de las tutelas que llegan diariamente a la Corte. “Damos prioridad a las condenas de más de mil millones de pesos al Estado, o la violación de algún derecho fundamental”, aseguró.
FAMILIAS QUE YA FUERON DESALOJADAS DE LOS MOLINOS NO PUEDEN REGRESAR: ALCALDESA DE RAFAEL URIBE URIBE
La alcaldesa de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Martha Bolívar, aseguró que el desalojo en la Hacienda Los Molinos, en el sur de Bogotá fue congelado por la Corte Constitucional, sin embargo, manifestó que las familias que ya fueron sacadas de sus residencias no pueden regresar.
Aseguró que su administración no pudo hacer nada ante el aumento de la construcción ilegal de hogares en su zona, ya que necesitaban garantizar el orden público.
La mandataria local afirmó que en los últimos 6 meses el fenómeno de las constructoras ilegales, que vendían terrenos en 2 hectáreas que han sido desalojadas por las autoridades, se incrementó gracias a “una estructura mafiosa”, que a su juicio, está detrás del negocio.
“Son 2 hectáreas y media, se bloquearon 117 partes, 90 presentaban características del desarrollo urbanístico”, señaló la alcaldesa.
ORDEN DE LA CORTE PARA FRENAR DESALOJO LLEGÓ CUANDO YA HABÍAN DEMOLIDO 90 VIVIENDAS
La Corte Constitucional ordenó suspender el desalojo que venían desarrollando las autoridades policivas de la ciudad en el barrio la Hacienda Molinos, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá.
La determinación tomada es de índole provisional, ya que hay varias tutelas en curso en las que varias familias afectadas con la orden de desalojo alegan derechos fundamentales vulnerados como el derecho a la vivienda digna y de protección a los menores.
Sin embargo, dicha orden de la Corte llegó cuando la mayoría de viviendas ya habían sido desalojadas, lo que generó protestas de los afectados.
Según datos de la alcaldía local, la mayoría de las construcciones ya fueron derribadas y gran parte de los habitantes tuvieron que buscar albergue donde familiares o amigos. En 117 lotes destruyeron 90 viviendas, 45 de ellas estaban habitadas por 37 familias y para facilitar que las familias sacaran sus enceres, la autoridades prestaron camiones para realizar los trasteos.
La Corte sostuvo que en este caso de los desalojos hay derechos como el de la vivienda y los derechos de los niños que deben ser protegidos, mientras se fallan de fondo las tutelas que reposan en el alto tribunal.
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dijo que en el trámite de las tutelas se ordenó una inspección judicial para el próximo 23 de enero, para constatar la situación de las personas y verificar la propiedad del terreno.
Así mismo se requirió a la empresa de Acueducto y Alcantarillado para que explique quién está haciendo el pago del servicio y así establecer quien está respondiendo por todas y cada una de las viviendas que allí se encuentran.
La alcaldesa local de Rafael Uribe, Martha Bolívar, pidió a los organismos judiciales agilizar los procesos para tener decisiones definitivas, pues el tema se ha convertido en asunto de orden público de manejo muy delicado que enfrenó a 200 miembros de la Fuerza Pública, 80 del ESMAD con 300 habitantes del sector.